La
respuesta internacional al cambio climático fue evolucionando a lo
largo de los años, conforme se desarrolla la evidencia científica y
se hace patente a necesidad de contar con un marco internacional
acomodado para hacer frente al cambio climático.
Sobre
la base de la información científica proporcionada por el IPCC
(Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático), a
lo largo de los años se fueron poniendo en marcha distintos
instrumentos internacionales de lucha contra lo cambio climático.
La primera
Conferencia Mundial sobre el Clima, celebrada en 1979,
identificó el cambio climático como un problema global urgente y se
hizo un llamamiento a los gobiernos para hacer frente a este reto.
Desde entonces, hubo un gran número de conferencias internacionales
para tratar el tema.
Esquema
cronológico de los acuerdos internacionales sobre él Cambio
Climático. Fuente: elaboración propia.
En
1988, por inciativa de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), se crea el Grupo
Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático
(IPCC,
por sus siglas en inglés) para facilitar evaluaciones integrales del
estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos
sobre el cambio climático, sus causas, posibles repercusiones y
estrategias
de respuesta. Desde su creación, el IPCC ha preparado una serie de
documentos técnicos, informes especiales de evaluación, en los que trabajan miles de científicos de 196 países, publicándose en el año 2023 el Sexto Informe de Evaluación
proporcionando la valoración y síntesis más actualizada de los
conocimientos sobre los aspectos científicos, técnicos y
socioeconómicos del cambio climático, con el objetivo de servir internacionalmente en la elaboración y negociación de las políticas climáticas.
Posteriormente,
en 1992 en Río de Janeiro, se celebra la Cumbre de la Tierra,
formalmente conocida como Conferencias de Naciones Unidas sobre el
Medio Ambiente y el Desarrollo (CNUCED), lo que supone un encuentro
internacional en el que participan jefes de estado de todos los
países del mundo, con el objetivo de alcanzar acuerdos enfocados
hacia un progreso en el ámbito del medio ambiente, el desarrollo
sostenible, el cambio climático, la biodiversidad, la salud, la
gestión de residuos y otros temas relacionados. La
Convención
Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
(CMNUCC)
es una de las tres convenciones que se crearon tras esta
cumbre, con
una participación prácticamente universal, cuenta con 198 Partes
(197 países y una organización de integración regional - la UE- la
han ratificado) y es el principal foro de Naciones Unidas donde se
negocia sobre cambio climático. Fue adoptada en mayo de 1992, y
entró en vigor el 21 de marzo de 1994. España la firmó en junio de
1992, y la ratificó en diciembre de 1993.
Tres
años después de la adopcion de la CMNUCC, el IPCC publicaba su 2º
Informe de Evaluación (1995) en el que se concluía que el clima ya
había comenzado a cambiar a causa de las emisiones de gases de
efecto invernadero. Debido a esto, dos años y medio más tarde, se
adopta el Protocolo
de Kioto,
que es uno de los instrumentos jurídicos internacionales más
importantes destinado a luchar contra el cambio climático. Contiene
los compromisos asumidos por los países industrializados de reducir
sus emisiones de algunos de los gases de efecto invernadero,
responsables del calentamiento global. Las emisiones totales de los
países desarrollados deberían reducirse durante el periodo
2008-2012 al menos en un 5% respecto a los niveles de 1990.
Para
dar continuidad al marco jurídico e institucional del Protocolo de
Kioto, se adoptó una enmienda, “Enmienda
de Doha”,
al Protocolo, alargándolo hasta 2020, e incluyendo nuevos objetivos
de reducción de emisiones para parte de los países industrializados
que tuvieron compromisos en el primer periodo y revisando la lista de gases de efecto invernadero a incluír en los informes (inclusión NF3). Este segundo periodo
de compromiso (2013-2020) del Protocolo de Kioto se acordó como
puente hacía el acuerdo global que se alcanzó en 2015 con el
Acuerdo
de París,
tratado internacional, jurídicamente
vinculante, que cubre todos los aspectos de la lucha contra el cambio
climático, tanto la mitigación, como la adopción y los medios de
implementación. El Acuerdo de París cuenta con tres grandes
objetivos para reforzar la respuesta mundial a la amenaza del cambio
climático:
1.
Mantener el aumento de la temperatura mundial en este siglo muy por
debajo de los 2 grados centígrados, y proseguir los esfuerzos para
limitar aún más el aumento de la temperatura a 1,5 grados
centígrados.
2
. Aumentar la capacidad de adaptación a los efectos adversos del
cambio climático y promover la resilencia al clima y un desarrollo
con bajas emisiones de gases de efecto invernadero.
3.
Asegurar la coherencia de todos los flujos financieros con un modelo
de desarrollo resiliente al clima y bajo en emisiones.
Cada
5 años, todos los países deben comunicar y mantener Contribuciones
Nacionalmente Determinadas (Nationally
Determined Contributions o
NDC, por sus siglas en inglés) o planes de lucha contra el cambio
climático que deben incluir objetivos de reducción de emisiones de
gases de efecto invernadero. Además, todos los países deben poner
en marcha políticas y medidas nacionales para alcanzar dichos
objetivos.
El
Acuerdo de París reconoce la importancia de ir incrementando la
ambición de los compromisos con objetivos cada vez más ambiciosos,
es decir, cada 5 años los compromisos de los países serán cada vez
mayores y siempre deben reflejar la máxima ambición posible.
El
Consejo Europeo, respaldó el objetivo de alcanzar una UE
climáticamente
neutra en el 2050. Es decir, una huella de carbono cero que se
conseguirá equilibrando la cantidad de dióxido de carbono (CO2) que
se libera con la que se retira de la atmósfera o se fija a través
de las plantas. Para conseguir este fin la Comisión Europea puso en
marcha en 2019 el Pacto
Verde Europeo
como la estrategia de la UE para alcanzar el objetivo para 2050. El
Pacto Verde Europeo establece un plan de acción dirigido a alcanzar
este objetivo a través de dos metas: impulsar un uso eficiente de
los recursos mediante el paso a una economía limpia y circular, y
restaurar la biodiversidad y reducir la contaminación.
Fuente:
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo
Europeo, al Consejo, al Comité Económico y Social Europeo y al
Comité de las Regiones. El Pacto Verde Europeo
El
Pacto Verde por tanto representa una ambiciosa estrategia
planteada por Europa en aras a alzarse como el primer continente
climaticamente
neutro en 2050 pero de una manera transversal en el que se incluyen
sectores tan interrelacionados entre sí como protagonistas en su
consecución, desde la economía, la salud, la calidad de vida o la
protección de la naturaleza.
La
Ley
Europea del Clima,
aprobada
en junio de 2021, es vinculante y directamente aplicable a todos los
Estados Miembros. Se ha escogido la forma de un Reglamento puesto que
este tipo de norma se ajusta mejor al cumplimiento que se persigue,
al garantizarse la directa aplicabilidad de sus preceptos. El
Reglamento establece obligaciones para los Estados Miembros, la
propia Comisión (evaluaciones, informes, recomendaciones, medidas
adicionales y revisiones) así como para la Agencia Europea de Medio
Ambiente.
España
responde al compromiso asumido en el ámbito internacional y europeo
con respecto a la lucha contra el cambio climático y la transición
energética, con la Ley
7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética,
siendo esta el
marco institucional para facilitar de manera predecible la progresiva
adecuación de la realidad del país a las exigencias que regulan la
acción climática y garantizar la coordinación de las políticas
sectoriales, asegurando coherencia entre ellas y sinergias para
alcanzar el objetivo de la neutralidad climática.
En
el marco de nuestra Comunidad Autónoma, la Consellería de Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible es el órgano responsable de
ejecutar la política ambiental en Galicia. Esta consellería
viene desarrollando diferentes actuaciones frente al cambio
climático, siendo una de estas actuaciones la elaboración de la
Estrategia
Gallega de Cambio Climático y Energía 2050
que es el instrumento planificador frente al cambio climático y la
transición energética de cara al horizonte temporal 2050 y que
sirve para establecer las grandes líneas de acción en la lucha
contar el cambio climático desde una perspectiva regional, centrada
en Galicia, permitiendo también contribuir a los objetivos
establecidos a nivel global. Para su desarrollo y puesta en práctica,
se redactarán Planes Regionales Integrados de Energía y Clima,
correspondiendo el primero al periodo 2019 -2023 (Plan
Regional Integrado de Energía y Clima 2019-2023).
En
la actualidad se está elaborando la Ley del clima de Galicia,
normativa que busca darle rango legal al compromiso de que Galicia
sea una comunidad climaticamente neutra en 2050.